In queste settimane il Cile è attraversato da forti tensioni sociali sfociate negli scontri di piazza in cui sono morte diverse persone e per cui la polizia cilena è stata accusata di aver torturato alcuni manifestanti.
Gloria De La Fuente, presidente di Fundación Chile 21, ci fornisce il quadro di un Paese che ha già vissuto in epoca recente simili “esplosioni sociali” di fronte a disuguaglianze intollerabili e alla radicale sfiducia verso le istituzioni, anche per colpa di scandali legati alla piaga della corruzione.
Chile ostenta un record no muy alentador, pero que como analogía sirve para explicar lo que ha ido sucediendo. Somos el país más sísmico del mundo y ello se traduce en que cada cierto tiempo, la energía que se acumula bajo la tierra se expresa en terremotos de magnitud que implican grados relevantes de destrucción y ponen a prueba el temple de los ciudadanos de país para reconstruir. Algo similar ha ocurrido en este tiempo con una acumulación de malestar que varios estudios venían diagnosticando y que se han traducido, finalmente, en una explosión social que por lo pronto no tiene un camino claro de salida.
Por cierto, no es la primera vez que ello ocurre ni en nuestra historia remota ni en la reciente. Ya en 2006 y en 2011 vimos como un movimiento multitudinario de estudiantes se transformó en protestas masivas que ya venían expresando ese clamor por un cambio. Estos movimientos son, sin duda, un antecedente de este malestar que hoy se encuentra en las calles y se expresa con fuerza, pero que a diferencia de estos, no tiene hoy liderazgos nítidos ni una demanda concreta, más allá de la que está en el origen, que es una protesta por el alza del pasaje del Metro de Santiago (transporte de trenes subterráneos). Lo que se ha ido acumulando en Chile conforme han pasado los días, es un conjunto de demandas que tiene dos denominadores comunes: la desigualdad es intolerable y es necesario avanzar hacia un sistema donde el abuso de poder no exista y que provea mayor justicia social.
No es raro que ello haya ocurrido si se mira algunos antecedentes. El estudio Desiguales de PNUD de 2017 nos mostraba que en Chile el problema no es sólo el dato evidente de la desigualdad objetiva, es decir, aquella asociada a la distribución del ingreso donde el 1% más rico concentra el 30% del PIB. Hay también una percepción de desigualdad subjetiva que se asocia a formas de discriminación de género, de etnia, residencia, origen social, etc. Esto es un diagnóstico que también han realizado otros estudios en algunos ámbitos específicos y que dan cuenta que la promesa de una sociedad que provee bienestar para todos es una quimera, mas aun en un país donde el 50% de la población tiene una remuneración que menos de 500 euros y donde la jubilación (retiro) para el 80% de las personas es inferior al sueldo mínimo (aproximadamente 300 euros).
Hay que considerar, además que esta situación ocurre en un país donde la desconfianza en las instituciones se ha hecho presente de manera creciente, especialmente a partir de casos de corrupción que, entre otras cosas, ha alejado a los ciudadanos de las urnas y del diálogo político en general (la participación electoral en la última elección fue de 47%). De hecho, la satisfacción con la democracia esté en Chile en el 42% (Latinobarómetro 2017), donde el 79% de las personas señala que considera que las instituciones públicas son “corruptas” o “muy corruptas” (Estudio Nacional de Transparencia 2018) y donde además el 54% de la personas cree que la corrupción ha aumentado en el último año (Transparencia internacional 2019). En esta percepción han influido no sólo escándalos de corrupción vinculados a la política, sino que también diversos casos de corrupción asociados a fraudes de las empresas por colusión de precios como medicamentos, pañales, pollos, entre otros, cuyas sanciones han dejado una sensación de impunidad que se refleja en los estudios antes citados.
Con todo, si bien era difícil anticipar la manera en que este estallido social sucedería, no es extraño que ello ocurra en momentos donde la política, que es la llamada a generar soluciones a problemas complejos, ostenta los más bajos niveles de credibilidad de los últimos años.
Por cierto, parte importante de la masividad que han alcanzado las manifestaciones han estado también asociadas a la falta de respuestas concretas de las autoridades para ofrecer un camino de salida para esta situación. A la marcha de millones, a las manifestaciones en las calles y a los múltiples cabildos que se han auto convocado en distintos lugares (asambleas de diálogo), se han sumado también disturbios importantes en lugares públicos, que han traído saqueos, incendios de comercio y violaciones a los derechos humanos (más de 4000 personas detenidas, más de 1500 personas heridas, más de 20 personas muertas y múltiples acusaciones de torturas y violencia sexual). Parte del camino de salida a esta crisis político y social implica, en primera instancia, resolver la situación de orden público, detener a violencia y ser tajantes en la defensa de los derechos humanos.
